
Las fuerzas que han impulsado el cambio en la condición social posmoderna,
según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Centro para la
Investigación e Innovación Educativa (Istance, 2006) son posibles de identificarse, entre
otras: el avance en la producción y reproducción del conocimiento, impulsado por las
tecnologías de la comunicación e información; una economía basada en reglas de
mercado, sin fronteras; modificación en los procesos de producción; universalización
del modelo de democracia formal y progresiva diversidad y movilidad demográfica.
Para enfrentar e impulsar el cambio, las reformas se objetivan en líneas de
acción política, tendientes a reconfigurar la organización de las prácticas culturales en
las instituciones educativas; la promesa en torno a la que se juega, anima las
aspiraciones de incorporación a la dinámica mundial y al acceso de las nuevas
tecnologías de la comunicación e información.
Entre las pedagogías que han orientado las reformas para la reestructuración
escolar, articulan patrones de gestión del profesionalismo de los agentes escolares
[Elmore, 1996). Propone el cambio en la escuela a partir de la reestructuración de los 2
procesos de enseñanza-aprendizaje, la introducción de métodos aceptados para la
verificación empírica y dominio de conocimientos científicos. La mejora se asegura,
según está racionalidad, mediante el empleo de tecnologías aplicadas para cambiar la
docencia y la administración de recursos. La condición de profesionalidad para los
profesores se define en la capacidad para enseñar y responsabilizarse del aprendizaje de
los alumnos (Cf. Sykes; Hammond y McLughin, 2003). Sin embargo, el modelo
predominante de las políticas es la del profesionalismo (Hargreaves, 1996; Gimeno,
2005) que combina el conocimiento sistémico y el crítico como discernimiento escolar;
enfatiza la idea de escuela como comunidad profesional y la necesidad de revaloración
social del docente.
En este contexto, el discurso sobre el profesionalismo de los docentes atraviesa
las reformas en México, tanto para la educación básica (SEP, 1992), como para la
formación inicial del profesorado (SEP, 1997). Como política de Estado y prácticas de
gobierno, proponen la profesionalización docente como condición, propósito, efecto y
estrategia para concretar el cambio planeado y orientar el futuro incierto en el contexto
de mundialización económica e integración cultural. La formación, se concibe como un
proceso de aprendizaje permanente que excede los ámbitos institucionales y articula las
experiencias de formación inicial, en ejercicio y en los distintos ámbitos de acción de
los docentes. Un acercamiento a la situación actual puede leerse en los avances del
proceso, Hacia una política integral para la formación y el desarrollo profesional de
los docentes de educación básica, especialmente en los diagnósticos de los sistemas
estatales y los estudios externos que han sido publicados (SEP, 2003ª; 2003b; Czarny,
2003; Espinosa, 2004).
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